Ha comentado en el artículo Mi solución al desastre judicial
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Sr. Tristán, aprovechando que en unos meses terminaré la carrera, me aventurará a darle una opinión sobre el tema que usted propone. Antes que nada, he de decirle que yo también como futuro jurista, he ido cavilando y meditando en las aulas de la facultad las implicaciones que tendrían la privatización de la justicia, ante las continuas demandas de la sociedad por su deficitario funcionamiento y su excesiva dilatación temporal.
Pero antes me gustaría detenerme en la función registral. Es evidente que el Registro funciona como lo hace ( y lo dice alguien que dentro de no mucho, espera opositar a dicho cuerpo ), por dos motivos que vienen de antiguo.
El primero, que es un registro público, es decir, integrado a todos los efectos dentro de una administración gubernamental y dependiente jerárquicamente de otra institución cual es la DGRN, me refiero a que el fundamento que subyace en la creación del registro como tal es el deseo del Estado, de llevar ( tener ) un registro público y dejar constancia ( todo ello con la debida maquinaria que se ha puesto en marcha para el fomento de la mentalidad latina '' y las posibles consecuencias de no inscribir tal o cual derecho real sobre bien inmueble susceptible de inscribirse...'' ) sobre quién es propietario de qué y en dónde. Y el segundo, la propia figura del Registrador, un producto que asimismo emana y brota de la misma Ley Hipotecaria, donde se confiere a un profesional liberal e independiente del derecho, que ingresa a la función pública a través de un MUY riguroso sistema de oposición, y que tiene como misión la llevanza de dichos registros.
A donde quiero llegar con toda esta parrafada, sacada en extracto de la ley hipotecaria, es que el Estado, pretende, bajo el amparo de la misma LH, determinar quién es propietario de qué y dónde, como ya dije arriba, cargándole el muerto a una persona física, que a pesar de formar parte del cuerpo de la administración del estado, debe calificar los documentos que a él llegan bajo su responsabilidad, es decir, yo avalo tu remuneración arancelaria, y trabajas para mí, Estado, pero si metes la pata respondes únicamente tú (entiéndase por esto los seguros de responsabilidad civil que suscriben los registradores en el ejercicio de sus funciones, y lo realmente caro que está el ''kilo de derechos reales en el mercado'' en caso de equivocación ).
Es decir, que todo pivota en el interés estatal por tener controlado los conceptos de propiedad y propietario y en la forma que éste tiene de lavarse las manos para que no se le señale a él mismo ante posible meteduras de pata ( de ahí el artículo de la LH '' los registradores calificarán los documentos bajo su responsabilidad...'' )
Ahora volvamos al tema de la justicia y su privatización. Básicamente lo resumo en que si la justicia se volviese arancelaria, todo se acabaría. Con esta frase tan lapidaria espero haberme explicado correctamente.
El dar a un juez o magistrado incentivos económicos para que un pleito se ventile en semanas en vez de meses ( no digamos ya la palabra años, por el resquemor que levanta ), se acabarían lesionando, o incluso destruyendo derechos fundamentales. No tengo forma ni más precisa o extensa, ni más escueta de decirlo. Si la preocupación del juez fuese llevarse a casa varios millones de euros al año, no habrían colas ni esperas en los juzgados, es que tampoco existiría la justicia. Por no hablar de que la sombra de la prevaricación y el cohecho estarían sobrevolando en círculos, cuan buitres en dibujos animados sobre el moribundo protagonista, a la figura del juez.
Bajo mi punto de vista habría que acometer varias reformas :
Legislación procesal ( y si, digo esto porque las últimas promovidas no son reformas, son concesiones públicas de intereses privados ( favorecimiento al todopoderoso lobby bancario )
Segunda reforma.Se necesitan más jueces,más juzgados, y más secretarios judiciales. El equivalente o símil lo encontramos en la medicina española. En qué cabeza cabe, que según las estadísticas en España, haya un déficit de plazas de médicos de al menos 5 mil profesionales, y NOS PERMITAMOS EL LUJO de dejar que los pocos que salen formados de las aulas, se marchen a un país extranjero ( aunque ahí parte de culpa la tiene la coyuntura económica y las perspectivas, que darían para veinte mil posts más ). Pues lo mismo pasa con la judicatura. Es inconcebible que haya tanta saturación, tanta carga de trabajo y que encima se convoquen no más de 150 plazas cada dos años.
Tercera reforma. Incentivar, no solo incentivar, elevar al mismo nivel que la vía judicial de resolución de conflictos, al arbitraje. A pesar de que un laudo tenga la misma fuerza ejecutiva que una sentencia, de nada sirve acudir al arbitraje, si al no estar conforme volvemos a abrir la vía judicial.
Es decir, darle a esta vía de resolución de conflictos la relevancia y equiparación que tiene hoy día la función jurisdiccional.
Cuarto. Interconectar y dotar a todas las administraciones públicas de los mismos sistemas de intercambio de información de los que gozan la Administración Estatal de la Agencia Tributaria. O dicho coloquialmenta : '' para quitarme dinero todos los años sí está el Estado, para defender mis derechos, no ''.
Y por ahora, prefiero dejar el tema aquí.