SII se querella por delito tributario

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó el pasado viernes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de los representantes legales de seis empresas vinculadas a la comercialización de yodo por un presunto delito tributario.

SII

SII: Los hechos acontecidos

El motivo es la rebaja indebida de impuestos y la obtención irregular de devoluciones de IVA Exportador en negocios vinculados a la extracción, comercialización y exportación del yodo, con un perjuicio fiscal superior a los $48.000 millones. Los delitos están previstos y sancionados en el artículo 97 Nº4, incisos primero y tercero del Código Tributario, referidos a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al correspondiente, y que al mismo, al simular una operación tributaria o mediante una maniobra fraudulenta, consiga devoluciones de impuestos indebidas. Las empresas involucradas son Atacama Chemical, S.A.,; Cidef Comercial, S.A.; Inmobiliaria y Constructora Nacional, S.A.; Frater & Holding, S.A.; Holding and Trading, S.A.; y Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala S.A.

Juzgado Garantía Santiago

Con dicha querella se pretende la investigación y sanción de los involucrados en dicho plan. Los actos dolosos incluirían la participación de manera artificial de empresas del grupo con un protagonismo de intermediarias a la hora de exportar y comercializar dicho yodo, así como compraventas simuladas. De esta manera se aumentó de forma ficticia su precio, y también su respectivo IVA débito fiscal, con el objetivo de obtener que las utilidades y el débito referido fueran absorvidos con las pérdidas y el crédito fiscal acumulado presentado por dichas sociedades intermediarias, evadiendo de esta manera la carga impositiva que les correspondía por ley.

Por su parte, la empresa Atacama Chemical S.A., emitió facturas falsas de exportación a un supuesto cliente extranjero, lo que posibilitó devoluciones de IVA Expportador fraudulentas que no le correspondían.

Todas estas maniobras se suceieron en el periodo comprendido entre enero de 2011 y mayo de 2012, con un perjuicio fiscal por encima de los $48.000 millones.

Con la normativa vigente en mano, los responsables se enfrenetan a penas de hasta 15 años de cárcel y multas que podrían llegar hasta el 400% del monto defraudado.

 

¿Os parece una demostración de que el sistema judicial funciona bien o solo en parte? ¿Creéis que existen mecanismo para poder evitar estas prácticas? 

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