Buenas tardes,
Dejo con ustedes una nota de las AFORES en México, de hace algunos años, donde se me entrevistó para que la discutamos si les parece.
Saludos.
¿Cuántos negocios pueden presumir de tener una clientela cautiva de tres millones de personas?
En México, aparte del Metro capitalino, sólo ocho de las 18 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que juntas concentran 80% de las cuentas registradas ante el SAR.
A diferencia del Metro, las Afores tienen ganancias espectaculares. Mediante el cobro de comisiones por el manejo del dinero de 39 millones de trabajadores —que van desde 1.17 hasta 3.3%— las Afores obtuvieron más de mil millones de pesos en ganancias durante el primer semestre del año, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Quizá no haya negocio más seguro en el mundo financiero que una Afore, pues cobra sus comisiones sobre saldos, no sobre rendimiento. Cuesta trabajo pensar en otro que ofrezca tal rentabilidad sin riesgo.
En cambio, su desempeño a favor de los ahorradores deja mucho que desear. El total de recursos administrados por las Afores ha sufrido una “minusvalía” de 41 mil millones de pesos —o casi 5% de su valor— desde que estalló la crisis financiera global, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Minusvalía, por supuesto, es una bonita palabra. Para los ahorradores el problema no admite adornos: no saben por qué se ha esfumado parte de sus fondos de retiro ni qué dimensión tiene esta pérdida.
Como me dijo el viernes pasado el doctor Mario Luis Cortés Mencías, especialista en pensiones e investigador de la Universidad Panamericana: la Consar no ha sabido explicar si la susodicha minusvalía es una afectación irremediable al capital de los ahorradores o si se trata de una cantidad que pueda recuperarse cuando los papeles en los que se invirtieron los fondos regresen a su nivel anterior.
Hace unos días, la vocera de la Comisión pretendía tranquilizarnos diciendo que “estos mercados son de largo plazo”. Es decir, como los ahorradores son convidados de piedra en este negocio —pues poco o nada se les informa sobre las estrategias de inversión de hasta 15% de su dinero en instrumentos de renta variable—, tendrán que esperar 20 o 30 años para saber cómo les fue en la ruleta.
Si no cambia radicalmente este sistema de retiro, es fácil adivinar lo que sucederá al cabo de ese lapso: o los trabajadores se retirarán con una pensión miserable o tendrá que entrar el Estado para garantizarles un ingreso mínimo, como ya ocurrió en Chile, país donde se gestó y del que se copió el sistema de capitalización individual de retiro.
Y es que así funciona el esquema económico ultraliberal en que está basado. Su filosofía es simple: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Recordemos que México calcó de Chile el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) creado a principios de los 80 por el gobierno militar de Augusto Pinochet. Dictador, asesino y vulgar ladrón —como lo demostró el escándalo de sus depósitos en el banco Riggs—, Pinochet fue uno de los alumnos favoritos de esa gran sacerdotisa de los adoradores del mercado, Margaret Thatcher.
Aunque desde el advenimiento de la democracia en Chile no se ha modificado el sistema de pensiones, los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han tenido al menos la sensibilidad de introducir protecciones para los ahorradores.
Por ejemplo, al primero de ellos se debe que los trabajadores chilenos puedan elegir el tipo de riesgo que quieren correr en la inversión de su fondo de retiro. En México, tal libertad no existe, a pesar de que uno de los principios del sistema es el voluntarismo. Aquí el porcentaje del saldo que se invierte en instrumentos de renta variable depende del grupo de edad del ahorrador.
En Chile, las reformas de Lagos y Bachelet han sido apenas un paliativo de un régimen diseñado para la ganancia fácil de las administradoras y no para el ahorro de los trabajadores.
No lo digo yo, sino varias investigaciones que han explorado los mitos de un sistema de pensiones que se ha exportado a varios países, entre ellos el nuestro, sin reparar en sus inconvenientes.
Desde sus orígenes, las AFP en Chile no fueron creadas en torno de la seguridad social y la garantía de pensiones, sino, más bien, para el lucro de la administración de fondos y alivianar la carga del Estado.
Diagnosticaron, en 2006, los especialistas René Fernández Montt y Karina León Leiva, en su estudio La trasnacionalización de la previsión.
En agosto de 2007, los fondos de pensiones chilenos alcanzaron su valor máximo, equivalente a unos 104 mil millones de dólares. Desde entonces, los ahorros comenzaron a sentir los efectos de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Al momento de escribir estas líneas, los fondos habían perdido más de 27 mil millones de dólares. Sólo los ahorros de quienes habían decidido invertir en el “Fondo E” (100% renta fija nacional) habían mantenido su valor.
Hace dos semanas, un grupo de economistas chilenos dirigió una carta a la presidenta Bachelet recomendándole medidas que protegieran los fondos de pensiones, entre ellas
Replegarlos ordenadamente a inversiones más seguras en el país mientras dure la crisis y proceder, más adelante, a la reforma general al sistema.
Mientras en el país de origen de la capitalización individual del retiro se vive esa realidad y se hacen esas reflexiones —y en Argentina el fracaso del modelo condujo al traspaso de los fondos de pensión al Estado—, aquí casi nadie levanta las cejas cuando el titular de la Consar, Moisés Schwartz, cantinflea:
La minusvalía no se convierte en una pérdida, sino que el dinero de los trabajadores vale menos.
Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
