La AFP Estatal aprobada por el Gobierno de Michelle Bachelet con la intención de que el mercado de las AFPs sea más competitivo, tendrá el nombre de AFP del Estado y se creará con un capital de US$ 70 millones.
AFP Estatal: Régimen de inversiones
La regulación de la AFP Estatal será la misma normativa que siguen todas las AFP privadas. Sin embargo, al contrario del resto de administradoras, la AFP Estatal podrá invertir en partes relacionadas.
De no ser así, la AFP Estatal no podría generar la mayor rentabilidad para sus afiliados, al igual que lo hacen el resto de administradoras.
Desde el Gobierno se justifica esta excepción bajo la idea de que una restricción a la inversión en esos instrumentos pondría en riesgo evidente el cumplimiento del objeto social.
AFP Estatal: Presupuesto
Inicialmente la AFP Estatal estará constituida con un capital social de US$ 850.000, ya que es el monto mínimo exigido para entidades que deseen tener al menos 10.000 afiliados.
No obstante, el Gobierno ya anunció que realizará un aporte de US$ 70 millones para constituir el patrimonio inicial. Una vez constituida la empresa, el Estado podrá realizar las aportaciones de capital necesarias para poder cumplir con las obligaciones financieras de la propia AFP.
Si observamos la capitalización de las AFP privadas, podemos ver como, con US$ 70 millones, la AFP Estatal será una de las que menos patrimonio posea:
| AFPs con menos Patrimonio | |
| AFP Modelo | US$ 25,4 millones |
| Planvital | US$ 63,7 millones |
| AFPs con más Patrimonio | |
| AFP Capital | US$ 782,36 millones |
| Habitat | US$ 513,09 millones |
AFP Estatal: Gobierno corporativo
La AFP Estatal tendrá una estructura de Sociedad Anónima y en su directorio habrá 7 miembros y la Gerencia General. No podrán ser directores de la AFP Estatal:
- Los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
- Los directivos de partidos y organizaciones sindicales y gremiales.
- Los candidatos a un cargo de elección pública.
AFP Estatal: Fiscalización
La AFP del Estado estará sometida a las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas. Por tanto, quedará bajo la fiscalización de la Superintendencias de Pensiones (SP) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Además, estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República, “por involucrar y comprometer recursos públicos”.
